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Distinción entre acción que emana del mutuo y la del pagaré. – Nuñez Ahumada

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El hecho de emitirse un título de crédito para facilitar el cobro de una obligación o para garantizarla, que puede tener su origen, como en el caso de autos, en un contrato de mutuo, hace nacer un nuevo derecho personal de que es titular el acreedor y del cual emana una acción para exigir su cumplimiento que la ley denomina acción cambiaria, empero no extingue la obligación del mutuario de solucionar el préstamo, es decir, no produce novación. Ello deviene de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 12 de la Ley N° 18.092 que dispone que el giro, aceptación o transferencia de una letra no extinguen, salvo pacto expreso, las relaciones jurídicas que les dieron origen y no producen novación, precepto aplicable además a los pagarés de acuerdo con lo que prevé el artículo 107 de la misma Ley.

De este modo, del tenor del citado artículo 12 se desprende con claridad que salvo que las partes lo pacten explícitamente, suscrito el pagaré subsisten tanto la acción ordinaria de cobro que le compete al mutuante como la acción cambiaria que nace del documento mercantil.

Estas acciones, que tienen causas de pedir distintas, pueden coexistir, y se rigen por sus propias reglas de prescripción; la primera, por la del artículo 2515 del Código Civil y la segunda, por la del artículo 98 de la citada Ley N° 18.092.

Zanjado que la acción ejercida en el caso sub lite es aquella derivada del mutuo y no del pagaré acompañado a la demanda, es decir, la emanada de la relación jurídica que dio origen al pagaré y que está constituida por el aludido préstamo de dinero, del que el pagaré de autos no es sino una prueba documental que acredita su existencia, conviene precisar que la referida acción ordinaria prescribe en el plazo de cinco años contados desde que la obligación se hizo exigible, conforme al artículo 2515 del Código Civil, no siendo aplicable, por ende, las normas que regulan la prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré previstas en los artículos 98 y 107 de la Ley 18.092, conclusión que también se refuerza con la circunstancia que la tramitación del juicio se verificó conforme a las reglas de juicio ordinario y no del ejecutivo (Corte Suprema, Primera Sala, 26 de octubre de 2015, Rol 3473-2015).

La misma posición se advierte cuando se señala que en el caso en análisis la acción deducida corresponde a aquella que emana del contrato de mutuo, la que es distinta e independiente de la cambiaria que deriva de un pagaré, toda vez que esta última no está vinculada al negocio causal que pudiere haberle dado origen. La diferencia entre una y otra ha sido reiteradamente reconocida por esta Corte Suprema, en forma reciente, en la causa Rol 903-2015.

En este sentido, se ha dicho que el hecho de emitirse un título de crédito para facilitar el cobro de una obligación o para garantizar su pago, que puede tener su origen, como en el caso de autos, en un contrato de mutuo, hace nacer un nuevo derecho personal de que es titular el acreedor y del cual emana una acción para exigir su cumplimiento que la ley denomina acción cambiaria, empero no extingue la obligación del mutuario de solucionar el préstamo. Ello deviene de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 12 de la Ley N° 18.092 que dispone que el giro, aceptación o transferencia de una letra no extinguen, salvo pacto expreso, las relaciones jurídicas que les dieron origen y no producen novación, precepto aplicable además a los pagarés de acuerdo con lo que prevé el artículo 107 de la misma Ley (Corte Suprema, Primera Sala, 6 de julio de 2016, Rol 35503-2015).

La misma posición se advierte al indicarse que conforme lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde acreditar la existencia de la obligación a quien la alega. En la especie, el actor fundamentó la existencia de la obligación en la celebración de dos mutuos, lo que le correspondía probar. Con tal objeto acompañó a fojas 5 y 10 dos pagarés suscritos entre las partes, los que se tuvieron por acompañados con citación y no fueron objetados por la contraria, la que por otro lado no desconoció la existencia de los préstamos, pues sólo dedujo las excepciones de cosa juzgada y prescripción. Así y conforme al valor que correspondía dar a dichos instrumentos, ha debido entenderse que los pagarés suscritos por el deudor acreditan obligaciones emanadas de contratos válidos de préstamos de dinero, por las sumas que en ellos se expresa, teniéndose por acreditada la existencia de los mutuos y la entrega del dinero objeto de los mismos.

Cabe señalar que la acción ordinaria proveniente del mutuo prescribe en el plazo cinco años contado desde que la obligación se hizo exigible, conforme a los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, no siendo aplicables, por ende, las normas que regulan la prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré previstas en los artículos 98 y 107 de la Ley 18.092 (Corte Suprema, Primera Sala, 13 de septiembre de 2016, Rol 16975-2016).

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